Agradezco la carta publicada sobre las prestaciones “sin código Fonasa”, porque permite abordar una inquietud legítima para toda persona que enfrenta gastos de salud inesperados.
En Chile, la autoridad sanitaria determina las prestaciones de salud que integran el arancel Fonasa, referencia fundamental para el sistema, definiendo y actualizando las atenciones codificadas. Las coberturas se estructuran conforme al marco regulatorio del sistema público –tramos de Fonasa– y, en Isapres, al marco contractual de cada beneficiario. Por ello, responder adecuadamente a la evolución de la medicina exige una adecuación permanente de las reglas que orientan al sistema e involucra a distintos actores.
La medicina avanza a gran velocidad. Cada año surgen procedimientos, exámenes, dispositivos y tratamientos que amplían las posibilidades de diagnóstico y atención. Precisamente por ello, todos los sistemas de salud enfrentan el mismo desafío: definir qué prestaciones forman parte de la cobertura y cuáles no.
Es legítimo debatir la incorporación de prestaciones al arancel o la necesidad de agilizar su actualización. Pero estas decisiones no dependen únicamente de su costo. También consideran la evidencia científica disponible, los beneficios clínicos que aporta cada innovación, su impacto en la salud de los pacientes y su costo-efectividad global.
Toda cobertura tiene un costo que debe ser financiado por alguien. En los sistemas públicos, por los contribuyentes; en los privados, por los cotizantes. Por eso, la pregunta no es si las personas merecen acceder a más y mejores prestaciones– sin duda lo merecen–, sino cómo asegurar que esos avances puedan estar disponibles para todos, de manera oportuna y sostenible.
Ese es el desafío que enfrentan los sistemas de salud en Chile y en el mundo.
